En estos trabajos se aborda especialmente el papel de los actores sociales y el proceso o la forma en que las decisiones sobre las justificaciones, clases y medidas del castigo han sido, son –y deben ser– tomadas en una democracia. Así surge la pregunta: ¿qué papel efectivamente le ha correspondido o debería corresponder a la población general y cuál a los expertos o élites penales, a la hora de pensar y definir las políticas y juicios en materia de castigo? Surgen descripciones e interrogantes sobre la relación entre la calidad democrática de ciertos países y el esfuerzo puesto en juzgar los crímenes cometidos por las dictaduras del pasado, pero también sobre las consecuencias normativas, axiológicas, que tiene para una democracia, tanto realizar como omitir estos juicios y castigos. Los trabajos sociológicos que ponen el acento, no tanto en los crímenes de Estado, sino en estudiar las transiciones hacia la democracia han tenido por consecuencia una modificación sustancial en las prácticas penales con respecto a delitos comunes, o han llevado a un escenario menos alentador al esperado donde emerge un aumento sostenido de la represión o el encarcelamiento. Así también, sin interesarse particularmente en la idea de transición, una comparación entre países con diferentes tipologías de democracia asentada da lugar a otro cauce de reflexiones, más reciente, constituido por aproximaciones descriptivas y explicativas para las cuales a las otras disciplinas se suman los estudios de sistemas penales comparados. Estos estudios se preguntan por el castigo y la democracia de una manera comparativa, impulsados por la toma de conciencia del enorme problema del encarcelamiento masivo o de sobrepoblación carcelaria que se experimenta desde la década de 1980 y 1990 en EE.UU. primero, y luego en una gran parte de los países europeos y casi todos los latinoamericanos.