El Estado tiene la obligación de hacer realidad los derechos sociales (a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la protección social) que consagra la Constitución. Esta premisa fundamental –que no parece admitir desacuerdo– tropieza de inmediato con una constatación: los recursos para cumplirla siempre son escasos, es decir, el Estado no puede materialmente responder a todas las necesidades sociales. ¿Qué es razonable exigirle? Y, más en concreto, ¿qué acciones puede realizar el Poder Judicial (y cuáles no) para hacer efectivos esos derechos?

Alrededor de esas preguntas –que están en el centro de nutridos debates en el campo del derecho constitucional– gira este libro, que propone distintos escenarios en que la disyuntiva puede darse. Con despliegue conceptual y también análisis de casos específicos, estas páginas argumentan que la decisión de no financiar la cobertura de una necesidad puede resultar inconstitucional si afecta principios como la dignidad y la igualdad de oportunidades.

Los planteos no son cómodos: pueden colocar al Poder Judicial ante la necesidad de enfrentar al Ejecutivo y al Legislativo, censurarlos por no haber honrado un compromiso constitucional y hasta cuestionar sus decisiones presupuestarias. Pero, al enmarcar esas intervenciones jurídicas en coordenadas precisas, este libro se vuelve un instrumento para reasegurar el Estado de derecho. Como escribe el autor, “allí donde la Constitución es más exigente, también deben serlo los jueces”.