El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Jorge Rafael Videla, dieron un golpe de Estado. Se esperaba que los militares pudieran acabar con el terrorismo de los grupos guerrilleros y las bandas parapoliciales. La intención manifestada por ellos era restablecer la paz en el país. Sin embargo, pronto se hizo evidente que se había puesto en marcha un plan sistemático y clandestino de exterminio de personas, muy lejos de aquella idea inicial, que incluyó secuestros, torturas, desaparición forzada, detenciones ilegales, la apropiación ilegítima de bebés y el ocultamiento de su identidad. Toda oposición al régimen fue silenciada y perseguida; el Congreso y los partidos políticos fueron suprimidos; los gremios y sindicatos, proscriptos; el periodismo, hostigado y censurado. Pese a declarar el deseo de reorganizar la sociedad según una moral cristiana, los militares llevaron adelante un plan que violaría cualquier idea de ley humana o divina, y que incluía también la “purificación” de la Iglesia. La Junta Militar sabía que no podía sentenciar a muerte a miles de personas y, menos aún, a miles de cristianos, sin que los obispos, la Nunciatura o el Papa alzaran sus voces. Si no se podía lograr el amparo de la Iglesia, al menos era fundamental contenerla. Para poder avanzar y legitimar su accionar, desplegaron frente a ella una estrategia tan premeditada como su plan de exterminio. La violencia previa fue superada por el terrorismo de Estado. Gracias a información hasta ahora desconocida, Confesiones de Estado pone al descubierto los cinco pasos de esa estrategia y aporta un nuevo y perturbador aspecto en la relación entre el gobierno militar y la Iglesia. Omisiones, complicidades, declaraciones ambiguas, revelaciones y silencios que marcaron a la Argentina durante el régimen del terror.