GROSMAN

El Estado tiene la obligación de hacer realidad los derechos sociales (a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la protección social) que consagra la Constitución. Esta premisa fundamental –que no parece admitir desacuerdo– tropieza de inmediato con una constatación: los recursos para cumplirla siempre son escasos, es decir, el Estado no puede materialmente responder a todas las necesidades sociales. ¿Qué es razonable exigirle? Y, más en concreto, ¿qué acciones puede realizar el Poder Judicial (y cuáles no) para hacer efectivos esos derechos?